martes, 14 de octubre de 2014

Educación de la economía

Juan Ignacio Cantero
 
Se trata la terminología de todos los aspectos de la sociedad desde una lógica económica neoliberal.  La educación tampoco queda fuera de esta visión economicista y de esta forma, por ejemplo, las personas son consideradas como capital humano. Desde esta racionalidad, la educación se mide en base a su eficiencia, eficacia y calidad.

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Hasta los defensores de la educación universal lo hacen desde una visión economicista. El principal argumento defensor que se usa es que cuanta más formación se recibe, se percibe más sueldo y se reduce el paro. Esta es una defensa del sistema educativo meritocrático y economicista como señalaban los sociólogos clásicos, que toma a la educación como un agente económico y a los sujetos como activos. También las grandes instituciones de poder como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) están sujetas a la visión capitalista y empresarial. De esta forma la OCDE considera que los beneficios de la enseñanza son mayores a la inversión que se hace en ella.

La educación vista desde una perspectiva neoliberal se considera una empresa para obtener beneficio. Se subordina el sistema educativo al aparato productivo y se la considera producción de capital humano. Esto supone una inversión y como tal se espera rentabilidad económica de ella. Por eso, los autores que defienden la inversión en educación lo hacen en clave económica en su mayor parte en lugar de hacerlo teniendo en cuenta los derechos humanos.

El economista de la educación Ernesto Cohen que centró su trabajo en la gestión de la educación con equidad, centraba siempre su estudio en torno a la eficiencia y la productividad. Para este autor “La educación es un bien de inversión y, como tal, constituye una contribución relevante al desarrollo económico. Toda inversión supone afrontar costos para obtener los beneficios esperados”.
 
Siguiendo a Cohen y la visión economicista de la educación como inversión, los beneficios que ésta aporta se miden en clave productiva y lucrativa. Los beneficios de la inversión en educación se pueden medir de forma directa. El aumento de conocimientos y destrezas aumentan la productividad del futuro trabajo y disminuye el tiempo de acceso al mercado laboral. Esto propicia que los individuos tengan ingresos y así contribuyan al crecimiento del producto nacional.

La globalización se ha implantado sobre todo en términos económicos y la educación no escapa a la financiarización extendida a todo. La escuela se considera una industria y la formación una mercancía de cambio. Desde ese punto de vista si se considera a la educación como un bien común o un servicio público se asumiría el sistema educativo como un gasto que genera pérdidas y desde la perspectiva capitalista un expendio innecesario. Como afirma la relatora especial de Naciones Unidas, Katarina Tomasevski se está produciendo un “lento pero inexorable proceso de integración de la enseñanza superior al mundo del mercado. Ciertamente, la educación se ha transformando en un mercancía”.
 
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Desde la lógica neoliberal se concibe la educación como fuente de lucro y dominación eliminándola como derecho. El hecho de considerar a la educación como un gasto e incluirla dentro del espectro productivo económico, abre la vía  la desigualdad social. Si la educación se convierte en negocio, supondrá su privatización. Este hecho tal y como afirma Tomasevski “traerá como consecuencia que más gente quede por fuera de los sistemas educativos por la imposibilidad de acceder económicamente, agudizando así la desigualdad social”.

El enfoque económico de la educación implica esa relación entre el sistema educativo y el productivo. Esto supone que la educación se convierte en parte fundamental del desarrollo, pero a su vez, un descuido de la educación al entenderla como una política económica. Esta concepción económica de la educación, no puede olvidar la concepción de derecho social que ésta tiene y como afirma el catedrático de política de la educación en la UNED, Manuel de Puelles, “la importancia que tiene para formar una ciudadanía y un desarrollo con equidad. Con la aparición y redacción de los derechos universales en el siglo XX, se produjo una democratización de la enseñanza al ser un derecho inalienable".

La educación es un derecho reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y particularmente en España está plasmado constitucional y legalmente. Es un derecho por tanto extraído del propio ser humano y de su naturaleza social, y no del mercado. Por este motivo no se debería considerar a la educación meramente como un agente económico sino como una prestación obligatoria a todos los individuos por el hecho de ser humanos y tener ese derecho establecido. Además es un derecho troncal ligado con otros muchos otros, por lo que de no ser universal y equitativo genera amplias desigualdades. Como afirma Tomasevski : “La educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando se niega o viola ese derecho. Sin educación no hay acceso al empleo. Un nivel educativo inferior disminuye habitualmente las perspectivas de carrera. Los salarios bajos afectan negativamente a la seguridad en la vejez. La negación del derecho a la educación provoca la exclusión del mercado laboral y la marginación en el sector no estructurado, junto con la exclusión de los sistemas de seguridad social derivada de la previa exclusión del mercado laboral. Resulta pues imposible corregir el desequilibrio existente en las oportunidades de vida sin el previo reconocimiento del derecho a la educación”.

Por eso la educación no puede depender exclusivamente del Estado y del Gobierno que tenga el poder en cada momento. Como dice Manuel de Puelles, en el proceso educativo deben intervenir “todos los actores sociales, esto es, la familia, las comunidades locales, los grupos organizados, los medios de comunicación, los partidos políticos…”; todo esto guiado por el papel del Estado como integrador. Se debe atender por tanto al papel económico de la educación que ya se ha convertido en inseparable con el objetivo de tener un desarrollo sostenible, pero también al factor social y de derecho para fomentar la equidad y la consecución de una enseñanza equilibrada e imparcial para todos. La educación debe centrarse en la formación de profesionales, de eso no cabe duda, pero como afirma el profesor Humberto Mendoza han de ser “capaces no sólo de asimilar tecnologías sino de crearlas y de asumir posiciones transformadores en todos los aspectos. Lo que debe buscar la educación es la formación de hombres creadores, conscientes del mundo en que viven, de la historia, de la realidad y de sus procesos sociales”.
 

Si entendemos la educación como capital, estaremos hipotecando el futuro y aniquilando el sistema de derecho.